DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES - CEMUDIS
ALCER Bizkaia se suma al manifiesto de CEMUDIS (Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad) con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, desde el movimiento asociativo de CEMUDIS, expresamos nuestra indignación y dolor por las 75 mujeres asesinadas a lo largo de este año 2020. A pesar de la gravedad de esta cifra y de las constantes reivindicaciones del movimiento feminista para que los datos que reflejen las estadísticas oficiales incorporen todos los tipos de violencia, actualmente, las cifras oficiales apuntan un registro de 40 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, dejando al margen e invisibilizando a casi la mitad de las mujeres asesinadas. Tenemos muy presentes también a las 19 personas menores de edad que quedaron huérfanas a consecuencia de dicha violencia, y a las 3 menores a las que se les arrebató la vida siendo utilizadas como una simple herramienta más para incrementar el dolor de sus parejas o ex-parejas.
En consonancia con el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, la violencia contra la mujer es en sí misma una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación que debe ser revertida por los Estados; por lo tanto, España tiene el compromiso y la responsabilidad de asegurar que los datos estadísticos y de las investigaciones oficiales recojan información relativa a todas las formas de violencia contra la mujer, no únicamente a aquellas que procedan de agresores con alguna vinculación afectiva.
Por otro lado, las investigaciones a nivel nacional sobre violencia machista son escasas y las mujeres y niñas con discapacidad suelen estar infrarrepresentadas de modo que las conclusiones tampoco reflejan la realidad que viven y los efectos que la violencia tiene en sus vidas. La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 publicada recientemente por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género incorpora datos recogidos de un total de 9.568 mujeres, de las cuales, únicamente el 5,8% fueron mujeres con discapacidad. Por lo tanto, algunas conclusiones del informe final contienen sesgos importantes. El informe concluye, por ejemplo, que las mujeres con discapacidad acreditada denuncian situaciones de violencia y buscan ayuda formal en mayor medida que las mujeres sin discapacidad. Sin embargo, según el Informe de Detección de situaciones de violencia a mujeres con discapacidad publicado el año pasado por CEMUDIS, el 72,9% de las encuestadas afirmaron que no habían denunciado nunca situaciones de violencia ante una entidad o institución.
Continuando con las conclusiones de la Macroencuesta, en la muestra de mujeres con discapacidad recogida tan solo un 2,8 de las mujeres con discapacidad entrevistadas se encuentran entre los 35 y los 44 años. Esta muestra infrarrepresenta a un sector poblacional de las mujeres con discapacidad que, además, según los datos con los que cuenta CEMUDIS, es una franja de edad que reconoce una mayor tasa de violencia. Concretamente, el 73,9% de las mujeres entrevistadas por CEMUDIS entre los 31 y los 45 años, afirmaron haber vivido algún tipo de violencia.
Esta constante invisibilización de las mujeres y niñas con discapacidad incrementa precisamente el riesgo de vulneración de sus derechos y las expone de forma exponencial a vivir situaciones de violencia.
Además, esta situación ha empeorado notablemente con la crisis a nivel mundial provocada por la COVID 19, puesto que algunas situaciones de desventaja social, ya existentes en las mujeres y niñas con discapacidad, se han visto fuertemente intensificadas. Las restricciones a la libertad de circulación, la obligación de permanecer en el domicilio junto con sus agresores, la dificultad de acceder a muchos recursos de apoyo, la brecha digital especialmente en zonas rurales, la pérdida de medios de subsistencia económica derivada de la precariedad laboral, la falta de credibilidad en sus demandas, la infantilización, así como la dificultad en el acceso a redes formales e informales de apoyo, entre otras circunstancias, se han intensificado en este año.
El informe del Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población (UNFPA), sobre Impacto de la pandemia COVID-19 en la planificación familiar y poner fin a la violencia de género, pone de manifiesto que la pandemia está aumentando el riesgo de las niñas de contraer matrimonio infantil debido al cierre de las escuelas, que ha aumentado el riesgo de violencia, de embarazos en la adolescencia y de inseguridad alimentaria y financiera. Según las estimaciones del UNFPA, se pueden esperar 31 millones de casos adicionales de violencia de género este año, además de que 47 millones de mujeres y niñas en todo el mundo perderán acceso a los métodos anticonceptivos modernos, y que esto ocasionará 7 millones más de embarazos no deseados. Así mismo, concluyen que es probable que la pandemia de COVID-19 provoque una reducción de un tercio en el progreso hacia el fin de la violencia de género.
A nivel nacional, según el informe de detección de necesidades de las mujeres con discapacidad, elaborado por COCEMFE en el mes de junio para evaluar específicamente el impacto de la COVID 19, el 31 % de las mujeres entrevistadas consideran que su responsabilidad en relación a los cuidados ha aumentado, 36 % afirman que la economía familiar ha empeorado considerablemente debido a la disminución de sus ingresos y un 24 % manifiesta tener mayores dificultades para encontrar empleo. El 11% de las mujeres entrevistadas han hecho mención también a que la interrupción en la atención presencial de los servicios públicos y la brecha digital, han dificultado el acceso a recursos y apoyos necesarios para minimizar el impacto negativo de esta situación derivada de la COVID-19.
Todo ello, conduce a un incremento de las desigualdades sociales y económicas preexistentes, el aumento de su exposición a situaciones de violencia, así como de la discriminación interseccional que las oprime y relega a espacios de invisibilidad social. Esto les deja sin mecanismos de defensa ni cauces para denunciar o para el ejercicio efectivo de sus derechos como ciudadanas en igualdad de condiciones que el resto de la población.
Por lo tanto, desde CEMUDIS, en representación de todas las organizaciones que trabajan activamente en la defensa y protección de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, y especialmente de nuestras entidades miembro: Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía, Asociación AMANIXER de Aragón, Asociación AMDAS La Fonte de Asturias, Asociación de mujeres con discapacidad de Palencia, Federación LUNA Castilla la Mancha, Asociación Dones no Estàndars de Barcelona, Asociación extremeña de mujeres con discapacidad, ACADAR Asociación de Mulleres con discapacidad de Galicia, Asociación Más Mujer Murcia, Asociación de Mujeres en Movimiento de Valencia; reivindicamos la incorporación urgente de medidas para la protección social y sanitaria de las mujeres y niñas, así como para la detección y erradicación de toda situación de violencia machista, concretamente:
Prevenir, investigar y sancionar efectivamente todo acto de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad.
Elaborar planes de acción nacionales para la protección de las mujeres y niñas con discapacidad contra toda forma de violencia, así como adaptar los planes existentes a la nueva realidad que se plantea ante el COVID-19.
Que las estrategias contra la violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad incluidos los distintos dispositivos de denuncia, asistencia y recuperación sean accesibles universalmente.
Promover que los sistemas policiales y judiciales respondan de inmediato a los casos de violencia machista: simplificando los mecanismos de acceso a la justicia, incorporando procedimientos de urgencia y medidas específicas que garanticen la seguridad y protección de las mujeres, así como el resarcimiento justo y eficaz por el daño ocasionado, y que sean accesibles universalmente.
Garantizar que las mujeres objeto de violencia machista, así como sus hijas e hijos, dispongan de atención especializada y plenamente accesible por parte de los servicios de emergencias de acuerdo con sus necesidades, activándose los protocolos pertinentes para su acompañamiento continuado y su seguridad.
Garantizar que los servicios de atención especializados se consideren servicios esenciales, que sean accesibles y que cuenten con recursos suficientes.
Asegurar que el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad a los bienes, servicios, y establecimientos de salud sea pleno, y que cuenten con la misma especialización, calidad y nivel de atención médica que se presta al resto de la ciudadanía.
Garantizar el acceso a la asistencia personal, el cuidado domiciliario y los servicios de rehabilitación, cuando sean necesarios, los cuales deben ser continuos para el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, considerando la importancia del apoyo de la comunidad.
Diseñar e implementar medidas que contribuyan a frenar la brecha digital, que faciliten el acceso universal a las TIC, promoviendo su conocimiento y usabilidad por parte de los grupos sociales más vulnerados y desfavorecidos entre los que están las mujeres con discapacidad, como mecanismo de protección y participación social.
Incorporar medidas que contribuyan a paliar y revertir las pautas sociales y culturales vinculadas a estereotipos de género y patriarcales en todos los ámbitos y sectores sociales, poniendo especialmente el foco en los planes educativos y de promoción y fomento del empleo.
Promover la investigación, recogida de datos y estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia machista contra las mujeres y niñas con discapacidad, relacionadas con la frecuencia, las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para su protección y reparación en su caso.
Apoyar y sostener a las entidades sociales que promueven el cambio social, apoyándolas y dotándolas de recursos suficientes para que puedan continuar con su labor de denuncia, sensibilización y protección de las mujeres en especiales situaciones de vulnerabilidad.
No más violencia machista. ¡Ni una menos!
Madrid, 25 de noviembre de 2020
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